Una crítica a las propuestas de conservación de la biodiversidad a través de mecanismos de mercado, por Elizabeth Bravo

El pago por servicios ambientales es el mecanismo más desarrollado y funciona desde hace algunos años. Cabe señalar que la naturaleza no es proveedora de servicios ambientales. Éstos fueron concebidos como una manera de meter en el mercado los ciclos, funciones, componentes o estructuras de la naturaleza. Quien vende y compra “servicios ambientales”, está comercializando lo que la naturaleza ha realizado por millones de años (como la capacidad de hacer fotosíntesis, retener y almacenar agua, ser el hábitat para polinizadores, etcétera).

Frente a la imparable destrucción de la biodiversidad, a la necesidad de continuar e incrementar la explotación de recursos naturales, especialmente en lugares ricos en biodiversidad, y como una oportunidad del sector financiero para ampliar sus tentáculos hasta los lugares y sectores de la economía antes impensados, se ha propuesto introducir instrumentos de mercado en la conservación de la biodiversidad.

Empresas, gobiernos y hasta el Convenio de Diversidad Biológica están promoviendo estos nuevos modelos de conservación, dirigiendo sus esfuerzos sobre todo a los países del Sur, donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad del planeta, y donde además existen recursos tales como minerales, agua, o simplemente tierras que podrían ser destinadas para el desarrollo del sector inmobiliario o los monocultivos.

Sus proponentes argumentan que estos mecanismos facilitan la recaudación de fondos para la conservación y que son más eficientes que las regulaciones u otras políticas públicas que puedan dictar los Estados.

Estas iniciativas de mercado ya han tenido aplicabilidad desde hace varios años en Estados Unidos y Europa, donde hay poca biodiversidad y, sobre todo, donde no hay poblaciones indígenas tradicionales que dependen de ella. Las implicaciones en los países del Sur son totalmente diferentes, por la especial relación que tienen las comunidades con su medio.

A continuación se hace una revisión de lo que significan estos mecanismos, en qué consisten, y qué peligros entrañan para la sociedad y la naturaleza. Las distintas modalidades propuestas o ejecutándose podrían agruparse en dos sistemas:

• El pago de servicios ambientales.
• Licencias y permisos transferibles o negociables.

El pago de servicios ambientales.

El pago por servicios ambientales es el mecanismo más desarrollado y funciona desde hace algunos años. Cabe señalar que la naturaleza no es proveedora de servicios ambientales.

Éstos fueron concebidos como una manera de meter en el mercado los ciclos, funciones, componentes o estructuras de la naturaleza. Al categorizarlos como servicios pueden comprarse, venderse, ser sujetos de apropiación, usufructo, privatizarse, titularse, etcétera. En este caso el incentivo radica en el pago.

Quien vende y compra “servicios ambientales”, está comercializando lo que la naturaleza ha realizado por millones de años (como la capacidad de hacer fotosíntesis, retener y almacenar agua, ser el hábitat para polinizadores, etcétera).

La modalidad de pago por servicios ambientales ha sido en muchos casos regulada por el Estado, el mismo que ha sido también uno de los compradores de servicios ambientales. Otros han sido empresas privadas.

Quienes promueven estos nuevos mecanismos consideran que una limitación de los “servicios ambientales” es que son considerados bienes públicos, pues esto crearía restricciones a la forma como ese mercado debe funcionar.

Tanto la invención de los servicios ambientales, la conversión en mercancías y la adjudicación de precios, así como la libre intervención de las empresas privadas, son parte de una economía neoliberal aplicada a la naturaleza.

Esto tiene un impacto directo sobre los territorios y los derechos colectivos de los pueblos pues se estaría restringiendo el uso que tradicionalmente le han dado y estarían cediendo estos derechos a un tercero.

Subastas de pago de servicios ambientales.

En este caso, se establece un precio inicial por un servicio ambiental, a partir del cual se lo subasta. Los promotores de este modelo dicen que la ventaja es que se deja a la libre competencia el precio del servicio y no como sucede cuando hay negociaciones bilaterales o cuando son hechas a través del Estado.

El compromiso de los Estados en este instrumento sería:

• Normar las licitaciones.
• Establecer hasta qué punto se puede compartir información sobre el servicio ambiental a ser rematado.
• Cómo se involucrarán los licitadores.

En este modelo, el Estado puede ser también uno de los compradores. Con esta modalidad meramente neoliberal se estaría creando una competencia entre los dueños de la tierra —quienes pueden pedir menos y ofrecer un mejor servicio ambiental—, devaluando la naturaleza, y tácitamente poniendo su labor de cuidadores de la naturaleza como un componente más del mercado.

Así se “pone de manifiesto el verdadero costo de oportunidad” con lo que los promotores de este mecanismo creen que se puede conseguir los objetivos de la conservación al menor precio.

De igual manera, en la práctica hay una pérdida real de territorio por parte de sus usuarios originales, cuya titularidad sobre los “servicios ambientales” que “ofrecen” sus territorios pasaría a ser de las empresas, gobiernos locales o especuladores financieros que ganaron en la subasta, todo regulado por las fuerzas del libre mercado.

Licencias o permisos transferibles o negociables.

Mejor conocido por su denominación en inglés “cap-and-trade”, el mecanismo de “tope y trueque” ha sido aplicado al mercado de dióxido de azufre en Estados Unidos y al de carbono a nivel global. Ahora se lo quiere aplicar a la conservación de la biodiversidad.

Lo que se hace es crear artificialmente un mercado para reducir el costo de imposición del límite al desarrollo de una obra de infraestructura, un proyecto de explotación minera, petrolera, etcétera.

Al igual que el “cap and trade” aplicado al mercado de carbono, que permite comprar y vender permisos de contaminación atmosférica, el “cap and trade” aplicado a la biodiversidad permite intercambiar o comerciar con derechos de explotación transferibles.

El tope lo designa el Estado, a través de una previa asignación de permisos, lo que significa de hecho una apropiación y privatización de tierras o recursos públicos o comunitarios.

Los proponentes de estos modelos consideran que no todo puede dejarse al mercado y que el Estado debe tomar un rol activo:

• Creando mercados.
• Apoyando y promoviendo el mercado.
• Estableciendo políticas públicas para consolidar que funcione el modelo.
• Regulando a los inversionistas independientes.

Compensación por pérdida de biodiversidad.

Propone que si se reduce la biodiversidad por una obra de desarrollo (por ejemplo una carretera, actividades mineras o petroleras o de otra índole), se puede compensar esta pérdida con acciones llevadas a cabo en otro lugar o en otro momento. Por ejemplo conservando o rehabilitando un lugar degradado). Estos esquemas permitirían además juntar los “créditos por conservación” con los esquemas de secuestro de carbono, redondeándose el negocio.

Son sistemas de “intercambio de recurso por recurso”, sin mayores miramientos, en los que la destrucción o disminución de un recurso necesita ser compensada por una alternativa “equivalente”. Un ejemplo es el de los bancos de humedales, bancos de ecosistemas, o bancos de especies.

Este sistema se emplea cuando no se acepta alguna pérdida neta de un recurso, especie o hábitat natural, la misma que puede ser compensada a través de la restauración de lugares alternativos y “equivalentes” al que ha sufrido el daño o que implica desaparición o deterioro.

La compensación por la pérdida de biodiversidad puede ser de dos tipos:

• Bancos de conservación.
• Derechos de desarrollo transables.

Según sus creadores, a través de este instrumento se puede conseguir los objetivos de la conservación de la biodiversidad a precios más bajos. Lo que se comercializa son derechos por unidades de desarrollo que se pueden dañar a cambio de otra unidad donde se lleva a cabo actividades de conservación o de rehabilitación de la biodiversidad.

En este mecanismo no se necesita una jerarquía de mitigación ambiental, sino una garantía de la cantidad del emprendimiento (densidad de la infraestructura que se quiere desarrollar). Los “derechos de desarrollo transable” se basan en un límite al área total de desarrollo que puede ser permitida en un área identificada por su valor de conservación.

Por ejemplo, tenemos un área que va a ser intervenida por un proyecto de desarrollo A y un área que servirá para compensar la pérdida de biodiversidad B. El dueño de la locación B renuncia a desarrollar su predio y vende al dueño de la locación A sus derechos, para compensar la responsabilidad por exceder el tope de desarrollo impuesto por el Estado.

Un funcionario de la empresa Río Tinto dice sobre estos mecanismos:

Buscamos tener un “impacto positivo neto” en la biodiversidad. Nuestro objetivo es minimizar los impactos de nuestro negocio y contribuir a la conservación de la biodiversidad para asegurar que nuestra presencia beneficie a la región. Una operación consigue un “impacto positivo neto” si la pérdida de áreas con valor de biodiversidad es menor que las áreas restauradas o compensadas durante un periodo de tiempo. (citado en Ecometrica, s/f)

Las áreas de desarrollo y de compensación se miden con imágenes de satélite. Se mide hasta qué grado un área es prístina, y si es necesario, se puede hacer una evaluación ecológica.

Una forma de evaluar cuán prístina es un área, es usar una escala normativa. En la siguiente tabla se presenta un ejemplo del bioma amazónico.

¿Qué pasa con las comunidades que viven en este lugar? ¿Dónde entra en este esquema una mina a cielo abierto, o un estación petrolera ubicada en medio de la Amazonía?

Bancos de Conservación.

Es un mecanismo netamente especulativo de conservación de la biodiversidad.

Existen entidades o empresas especializadas que crean o restauran áreas naturales que contienen “bienes naturales” perfectamente identificados, asumiendo la responsabilidad de su mantenimiento en un buen estado de conservación a largo plazo.

A cambio, reciben “créditos” que les son otorgados por agencias reguladoras reconocidas. Estos “créditos” se pueden entonces vender a promotores que deban compensar la afectación derivada de proyectos de desarrollo, a otras áreas naturales ecológicamente “equivalentes”. Es una especie de mercado de futuros para créditos de conservación.

Los primeros bancos de reservas de activos negociables las estableció en Estados Unidos en 1983 el Servicio de Pesca y Vida Silvestre para compensar los impactos de los proyectos del Departamento del Transporte.

Dado que hay un grupo de empresas y especuladores establecidos que van a lucrar de los bancos de biodiversidad, en realidad estos instrumentos no detienen la destrucción de la biodiversidad, sino que al contrario, promueven su destrucción.

El rol del Estado. Como hemos visto, a pesar de que la propuesta central en la que se basan estos mecanismos es que sea el mercado el brazo invisible a través del cual se implementan proyectos de conservación, le asignan al Estado algunos compromisos, roles y responsabilidades:

• Crear los mercados de conservación de la biodiversidad.
• Definir los derechos que se adquieren con estos nuevos modelos (que son independientes de los derechos relacionados con la propiedad de la tierra o de su arrendamiento). Éste es un aspecto fundamental para crear flujos financieros.
• Establecer límites al área que va a desarrollarse.
• Establecer límites al comprador de los derechos que se generan a partir de estos mecanismos de mercado.

Conclusiones.

Estos mecanismos han sido ya aplicados en el mercado de carbono (ampliamente criticados por la comunidad internacional), donde lo que se mercantiliza es un solo producto: el carbono, aunque se crean “equivalencias” con otros gases con efecto de invernadero. El tratar de aplicar los mismos mecanismos a la biodiversidad es igual de absurdo pero mucho más complejo, porque la biodiversidad incluye una gran cantidad de aspectos que van desde los genes hasta los ecosistemas, y en definitiva significa la vida misma.

Con el afán de tabular crematísticamente a la biodiversidad se usan criterios tales como el número de especies en peligro que hay en un área (por ejemplo si están en la lista roja de la UICN de los organismos en peligro de extinción), o si el área es prístina. De esa manera, se le asigna un valor monetario a la biodiversidad que va a ser compensada, transada, transferida o subastada en el mercado de créditos de conservación.

Entre los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta cuando se hace una crítica a estas propuestas es que limitan la biodiversidad a una lista (muy pequeña por cierto) de especies paradigmáticas o en peligro, y que un hábitat es importante porque es prístino. También se ignora que existe una profunda interacción entre las comunidades humanas y la naturaleza que podría ser llamada biodiversidad, pero si recogemos la contribución hecha por las sociedades andinas, podemos llamarla Pachamama; y que la destrucción de una porción de esta Pachamama no se soluciona conservando una porción en algún otro lugar (remoto o no), pues hay muchas cosas más profundas implicadas, como es la sobrevivencia espiritual y material de una sociedad. www.ecoportal.net

Elizabeth Bravo – 26 abril 2012 – Biodiversidad – Abr 2012 – http://www.grain.org/

Referencias:

• Ecométrica s/f Normative Biodiversity Metric. A tool for assessing organisational biodiversity performance. Presentación Power Point.
• Europac España. 2010. Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad.
• Vant, Arild. et. al., “Can markets protect biodiversity? An evaluation of different financial mechanisms”. Noragric Report 60. Noruega. Junio 2011