Informe sobre agrocombustibles en America del Sur y Central de Amigos dela Tierra
RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES
La rápida expansión del uso de cultivos agrícolas como combustible para el transporte ha sido justificada en los países del Norte como una política desarrollista que ayuda a sacar de la pobreza a los países pobres. El boom de los agrocombustibles, se dice, aumentará la producción agrícola, generará divisas a través de la exportación, hará que los países dependan menos de la importación de combustibles fósiles, y dirigirá inversiones muy necesarias hacia la agricultura y las comunidades rurales. Ninguna otra región ha recibido con tanto entusiasmo esta idea como América Latina, donde los países ya empezaron a ampliar su producción y a instalar la infraestructura necesaria para acceder y abastecer los mercados de Europa y Estados Unidos. Brasil se ha transformado en el mayor promotor de los agrocombustibles. Para evitar críticas, aseguran al Norte que hay suficiente disponibilidad de tierras para aumentar la producción, que se está beneficiando efectivamente a la población y que los cultivos se realizan de manera sustentable.
El problema clave es si estas afirmaciones son correctas y están justificadas. ¿Se está asistiendo efectivamente a la mayoría de los productores agrícolas y campesinos de estos países para que salgan de la pobreza? y ¿verdaderamente aumenta el empleo con la producción de soja, caña de azúcar y aceite de palma? ¿Se practica una agricultura realmente sustentable, y no compite acaso la producción de agrocombustibles con el suministro de alimentos? ¿Quién se beneficia en realidad con estos emprendimientos? ¿Quiénes son los verdaderos ganadores y quiénes los desafortunados perdedores?
Este informe analiza estas cuestiones en distintos países de América Latina, a saber, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia y los países de América Central, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Presenta información sobre los impactos sociales, ambientales y en materia de derechos humanos que implica el actual desarrollo de los agrocombustibles. También analiza el rol de las compañías e inversionistas europeos e internacionales y la influencia de la industria de agrocombustibles sobre la agricultura y las políticas de energía de los distintos países. Los autores viven y trabajan en estos países donde tienen lugar estos desarrollos.
Brasil
Brasil juega un papel central en la nueva geopolítica de los agrocombustibles. Durante los últimos 30 años, ha logrado los costos de producción más bajos para el combustible derivado de caña de azúcar, y se ha transformado en el segundo mayor productor de etanol del mundo. Aunque el gobierno ha sido un acérrimo defensor de los agrocombustibles en el escenario mundial, no ha hecho muchos avances internos para que la industria sea sustentable. Con siete millones de hectáreas de tierra ya cultivadas con caña de azúcar, y una industria que crece a gran velocidad, la producción del monocultivo está causando graves problemas ambientales y sociales, incluidos conflictos por la propiedad de la tierra y pobreza rural, deforestación ilegal y contaminación de suelos y de la napa freática como resultado del uso intensivo de agroquímicos.
Uno de los problemas más denunciados es el de las pésimas condiciones de trabajo de los cortadores de caña -que dan cuenta de más de un millón de los puestos de trabajo que genera el sector. En varias regiones del país se han descubierto con lamentable frecuencia condiciones de trabajo similares a las de la esclavitud, inclusive en establecimientos modernos.
Por otra parte, la demanda creciente de agrocombustibles está desplazando a la agricultura hacia tierras antes no cultivadas, obligando a algunos ganaderos y agricultores a mudarse a nuevas zonas. La biodiversidad y los hábitat están amenazados. Los estudios sobre el cambio del uso del suelo generado por la expansión de la caña de azúcar muestran evidencias de una disminución de la tierra utilizada ahora para otros cultivos, praderas y árboles frutales. Ha habido un rápido aumento de los conflictos por el uso del suelo en los últimos años.
Se espera un aumento exponencial en la demanda de etanol, que requerirá la producción de casi 200 millones de toneladas para 2013, lo que representaría un aumento de la producción del 50% (respecto de 2005). La tasa actual de expansión de los ingenios sugiere un aumento incluso más grande de la producción. Las exportaciones de etanol aumentaron en más de 600% entre 2001 y 2005. La caña de azúcar se está expandiendo hoy a regiones donde nunca antes fue cultivada, amenazando sitios naturales como los humedales del Pantanal en el Mato Grosso y en Maranhao.
Aunque Estados Unidos es el mayor importador del etanol brasileño, las exportaciones a Europa vienen creciendo de manera significativa, con Holanda como uno de los principales destinos.
La producción de etanol se desarrolló inicialmente con el apoyo del Estado, pero ahora está completamente en manos del sector privado, que hasta 2000 era dominado por compañías brasileñas. La fiebre del etanol está atrayendo hoy más y más inversiones extranjeras en busca de la oportunidad de obtener grandes retornos. Cuatro de las diez compañías de etanol más grandes del Brasil (Cosan, Bonfim, LDC Bionenergia y Guarani) se benefician hoy con el ingreso de capital extranjero. Las compañías que comercian productos básicos (commodities) como Cargill, Bunge y el Noble Group son grandes actores en toda la cadena, mientras las grandes compañías europeas como BASF, Bayer y Syngenta se benefician con la venta de los herbicidas y plaguicidas que necesita la caña de azúcar. Al mismo tiempo, las compañías de biotecnología estadounidenses y europeas experimentan con nuevas variedades de caña de azúcar modificadas genéticamente.
El sector de los agrocombustibles tiene una gran influencia en la política pública brasileña y ha tenido éxito en garantizar financiamiento y políticas públicas que promuevan la expansión de la industria. Destacados ex políticos del gobierno de Lula, que ahora son importantes inversionistas de los agrocombustibles, aseguran que la industria tenga fácil acceso a los elaboradores de política brasileños.
Es improbable que la expansión de la caña de azúcar en Brasil beneficie a las comunidades rurales o al medio ambiente. Estos monocultivos reemplazan a establecimientos familiares más pequeños y más productivos. La demanda de cultivos energéticos ha creado una explosión en el mercado de tierras rurales donde grupos de inversión extranjera -liderados por Soros y el ex presidente del Banco Mundial Wolfensohn- están comprando enormes superficies para una futura expansión de la caña, desplazando del mercado a los agricultores nacionales en función de los precios crecientes de la tierra. Los verdaderos ganadores en Brasil serán los grandes terratenientes latifundistas, la agroindustria nacional e internacional, y cada vez más, los inversionistas extranjeros.
Argentina
Argentina es el mayor exportador de biodiesel de la region y es la exportacion lo que explica el explosivo aumento de la produccion.Es el segundo mayor productor de soja del mundo (con 18 % de la producción total mundial) y promueve los biocombustibles, principalmente a partir de aceite de soja, con medidas como la aprobación de una nueva ley de 2006 que requiere la mezcla de etanol y biodiesel en los combustibles, la eliminación de los aranceles al biodiesel, y el desarrollo de actividades de investigación y promoción.
El cultivo de soja en Argentina ha tenido un gran impacto sobre las comunidades rurales y el medio ambiente, y ha determinado un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Contribuyó significativamente a la deforestación (unas 250.000 hectáreas de bosque son erradicadas cada año), al desplazamiento de establecimientos ganaderos y poblados rurales, y a un aumento de la concentración de la propiedad de la tierra. Casi la mitad de toda la producción de soja está en manos del 2,2 % de los productores. Los conflictos entre las comunidades locales y los productores de soja están aumentando.
Mientras la superficie destinada a la soja aumenta, la tierra que se usa para la lechería y la producción de granos y frutas y verduras ha disminuido. Esto ha tenido un considerable impacto en los precios de frutas y verduras. Más del 90% de la soja argentina es transgénica, y esto implica mayor fumigación con herbicidas, contaminación de las aguas superficiales y los acuíferos, y la aparición de enfermedades en las personas expuestas al cocktail de químicos. El empleo rural viene descendiendo, debido a que la producción de soja requiere menos mano de obra que otros tipos de producción agrícola.
Las inversiones que tienen por objetivo el mercado de exportación del biodiesel están creciendo. La producción actual es de 1,6 millones de toneladas de biodiesel y hay planes de un aumento de cuatro millones en los próximos tres años. El gobierno también ha estimulado la inversión en la producción de etanol, ofreciendo incentivos a la industria azucarera.
En su mayoría, las compañías que operan en el sector de biodiesel son los grandes actores de la industria de la soja, como las compañías europeas Glencore, Nidera y Dreyfus. Los inversionistas nacionales también han hecho alianzas con compañías europeas (por ejemplo, Oilfox con Neckemann-Gate), en tanto que firmas también europeas como la alemana Lurgi proporcionan la tecnología. Las principales exportadoras de aceite de soja , Cargill y Bunge; son también los principales actores en el mercado del biodiesel. Monsanto y Syngenta tienen un papel importante como proveedores del paquete tecnologico de semillas transgenicas y plaguicidas.
La industria de la soja es extremadamente poderosa y su cabildeo para obtener subsidios y otros favores del gobierno ha sido exitoso. En un reciente conflicto con el gobierno por el aumento de los impuestos a las exportaciones (conocidos como retenciones), los productores de soja bloquearon las rutas, provocando graves problemas de desabastecimiento y aumentos de precios.
Cualquier crecimiento que se registre en la producción de soja para satisfacer la demanda de biodiesel probablemente significara mayor presión sobre los pequeños agricultores y las comunidades rurales para que abandonen el campo, un aumento de la intensificación de la agricultura a través del uso de las semillas transgénicas y un avance de la frontera agrícola hacia nuevas zonas, amenazando así a la biodiversidad. Los ganadores de esta situación serán las grandes empresas y particularmente las compañías europeas que financiarán los emprendimientos, proporcionarán la tecnología y procesarán y venderán el producto final.
Uruguay
Uruguay es visto como un país con potencial para transformarse en un importante productor de agrocombustibles. En la actualidad, el sector de agrocombustibles se está desarrollando rápidamente. Se estima que hasta un 40% de la superficie del país podría destinarse a cultivar materia prima para agrocombustibles, produciendo más de 40 millones de litros de biodiesel. En este momento, la producción se concentra en etanol derivado de caña de azúcar, soja para biodiesel y plantaciones de árboles que pueden usarse para producir celulosa para etanol.
Una conversión generalizada a la agricultura de monocultivo afectaría la capacidad de producción de alimentos del país, impactaría sobre los esfuerzos de conservación, reduciría la calidad del suelo y cambiaría los modelos de propiedad de la tierra. Los pequeños agricultores y los trabajadores rurales sienten que ya están siendo obligados a abandonar el campo debido a la extranjerización progresiva de la tierra, y ya han comenzado las protestas.
En 2006 se cultivaron más de 3.300 hectáreas de caña de azúcar, dominadas en gran medida por las compañías brasileñas, con planes de aumentar a 10.000 hectáreas para 2010. El cultivo de soja en Uruguay ha crecido rápidamente en los últimos años: de 12.000 hectáreas en 2000 a 278.000 en 2005. No se sabe exactamente cuál es el porcentaje de estos cultivos que se utiliza en la producción de agrocombustibles. Compañías europeas como Botnia (Finlandia), Ence (España) y Stora Enso (Suecia-Finlandia), ya tienen presencia en la industria forestal, que en la actualidad cuenta con un millón de hectáreas de monocultivo de plantaciones forestales, mayoritariamente en manos de empresas transnacionales.
El gobierno aplica políticas de promoción a la producción de biodiesel, como la exoneración impositiva para los combustibles alternativos, programas de investigación, y metas (5%) para el etanol (en las gasolinas) y el biodiesel.
Mientras las inversiones siguen llegando en abundancia, la gran industria ve al país como una nueva fuente de agrocombustibles. La compañía francesa Akuo Energy invirtió US$300 millones en energía alternativa (incluyendo biocombustibles), y compañías petroleras extranjeras como BP y Petrobrás también tienen interés en invertir.
Ya existe polémica y conflictos en torno al uso de la tierra. El aumento descontrolado de la producción de cultivos energéticos podría exacerbar esta situación al crear una competencia entre el etanol y el azúcar, la madera y la energía y el alimento del ganado y el biodiesel. La expansión de los agrocombustibles acrecienta la actual tendencia favorable al aumento de la concentración y la extranjerización de la propiedad de la tierra en Uruguay, amenazando la biodiversidad y degradando los ecosistemas naturales.
Colombia
La certidumbre del llamado `pico del petróleo´, el cambio climático y la tendencia al alza de los precios de los combustibles fósiles han sido las principales motivaciones del gobierno colombiano para implementar políticas tendientes a mejorar su autosuficiencia energética y asegurar y ampliar el abastecimiento energético. La gasolina contiene un 10% de etanol mientras el combustible diesel contiene 5% de biodiesel. Hoy los productores de aceite de palma se ven favorecidos por subsidios, seguros de riesgo y exoneraciones impositivas.
Estas medidas favorables han tenido por consecuencia un crecimiento sustancial del cultivo de la palma aceitera, que superó el 160% entre 2002 y 2006. Los planes de expansión de la palma aceitera en Colombia son ambiciosos; la federación que reúne a los principales productores pronostica niveles de desarrollo de la producción que requerirían destinar otras 743.000 hectáreas al cultivo de palma para 2020. Colombia es actualmente el mayor productor de palma aceitera de América y el cuarto del mundo. Aunque por ahora la mayor parte del aceite tiene como destino el mercado interno, las exportaciones están aumentando rápidamente, con Europa como principal destino.
Gran parte de esta expansión, financiada a través de fondos monetarios internacionales como el Banco Mundial, el BID y USAid, ha beneficiado a compañías nacionales, hombres de negocios y grupos paramilitares que operan amparados en un régimen de violencia, miedo y una cultura de corrupción. La expansión se ha hecho a expensas del medio ambiente y de los derechos humanos de las comunidades locales que siguen siendo víctimas de este desarrollo empresarial.
Aunque el gobierno destaca las oportunidades para la creación de empleo asociadas al aceite de palma, el número de puestos de trabajo en el sector es en realidad muy bajo, y los estudios muestran que ocupa el segundo lugar de menor número de empleos por hectárea en la lista de los 30 productos agrícolas más importantes. Los empresarios ven la reducción de los costos de mano de obra como la manera de reducir sus costos de producción. Esto conduce a la pérdida de estabilidad laboral, a la tercerización y a condiciones de trabajo contractuales inestables, cada vez más precarias. No existen sindicatos en la mayor parte de las agroindustrias, lo que significa que los trabajadores carecen de posibilidades de organización que les permitan negociar mejores condiciones laborales y salariales.
El desarrollo de la industria intensiva de la palma ha aumentado la presión en pos del desarrollo de obras de infraestructura de transporte como carreteras y puertos, para acelerar el acceso a los mercados internacionales. Numerosas comunidades luchan contra los planes de redes de canales, puertos de aguas profundas y nuevas rutas a través de tierras boscosas. Muchos de estos desarrollos están financiados por el Estado, e incluyen nuevos enlaces de transporte para abrir conexiones transnacionales con Perú y Brasil a través de los ríos Putumayo y Amazonas.
Hay además evidencia significativa de la estrecha relación existente entre las empresas y el gobierno, en tanto personas muy vinculadas a políticos clave reciben miles de hectáreas de tierras sin cultivar. Un empresario líder del sector de la palma fue representante de Colombia ante la FAO y ministro de Agricultura. La expansión de la palma aceitera en zonas como la región del Pacífico del país también se asocia a la incursión de grupos paramilitares, que han llevado a cabo varias masacres desde mediados de la década de1990, “recuperando” tierras colectivas otorgadas a las comunidades. Esto ha terminado con el desplazamiento de los pobladores locales, e incluso con la aniquilación de los dirigentes de las comunidades.
El desplazamiento forzado de la población local de las tierras de propiedad colectiva, en particular aquellas pertenecientes a comunidades negras e indígenas, revela cómo las personas son obligadas a abandonar sus hogares para dar paso a las plantaciones de palma aceitera. Los miembros de los grupos paramilitares aprovechan el desplazamiento de estas comunidades para adquirir las tierras, coaccionando a las comunidades para que vendan sus parcelas.
América Central
Los países centroamericanos El Salvador, Costa Rica y Guatemala, si bien no son en la actualidad grandes productores de agrocombustibles, han reaccionado ante la actual crisis energética con una fuerte ofensiva de estímulo a la producción. Si bien ésta apunta predominantemente al uso interno, es probable que las exportaciones y la participación de compañías extranjeras jueguen un papel importante en su desarrollo. Con un decidido apoyo del BID, la existencia de acuerdos comerciales con Estados Unidos (con exoneración de impuestos a la exportación de etanol en los tres países) y los acuerdos previstos con la UE, seguramente los agrocombustibles tengan un impulso aún mayor. Brasil ya está utilizando a los países centroamericanos para exportar desde allí a Estados Unidos, evitándose así el pago de impuestos a las exportaciones en el mercado estadounidense.
El modelo de agricultura que se promueve, principalmente a través de las plantaciones de caña de azúcar y palma, tendrá consecuencias graves para los seres humanos y el medio ambiente, incluido el aumento de los precios de los alimentos, la expansión de los monocultivos, y grandes problemas sociales como el aumento del trabajo infantil. Ya se ha denunciado que en El Salvador 30.000 niños participan de la cosecha de la caña.
Cultivos como la caña de azúcar representan ya hoy una amenaza para las reservas de agua de Guatemala, donde miles de personas ya no acceden a la cantidad de agua suficiente para cubrir sus necesidades. El Salvador tiene uno de los suministros de agua per cápita más bajos. Además, hay planes de expandir los cultivos para satisfacer la demanda de agrocombustibles, lo que lleva a una contaminación ambiental con productos agroquímicos y a poner bajo amenaza importantes áreas de bosque húmedo y a los pueblos indígenas que dependen de ellos. Estos pueblos están siendo desplazados para permitir que las grandes plantaciones de las compañías azucareras puedan comprar sus tierras. Los agrocombustibles también están reemplazando a los cultivos de alimentos, con los consiguientes problemas de desabastecimiento. Todo este proceso cuenta con la asistencia y aquiescencia de los gobiernos nacionales. En El Salvador, el gobierno identificó 480.000 bloques de tierra actualmente “ociosa” que podría dedicarse a la producción de agrocombustibles. En la práctica, sin embargo, estas tierras son hogar de distintos ecosistemas y conforman la base de una amplia variedad de actividades sociales.
Las presiones para aumentar los cultivos destinados a agrocombustibles también está dando lugar a iniciativas de reforma de la propiedad de la tierra, de manera de permitirle a los terratenientes poseer aún mayor cantidad de tierra, y de esta forma favoreciendo una mayor concentración de la propiedad de la tierra en menos manos, para destinarla a monocultivos.
Las empresas estadounidenses y europeas ya tienen presencia activa en América Central, y apoyadas por los acuerdos de libre comercio ya existentes o propuestos, probablemente aumenten aún más su incidencia.
Conclusiones
Los estudios de caso de América Latina que presentamos muestran un patrón claro. Los gobiernos tienen los ojos puestos en los nuevos mercados que surgen a partir de la creciente demanda de agrocombustibles en el Norte, y están todos más que ansiosos de abrir sus tierras a cultivos como el de la caña de azúcar, la palma aceitera, la soja e incluso los árboles. Todos los países estudiados han aumentado o tienen pensado aumentar su producción de agrocombustibles a ritmos alarmantes. Han puesto en marcha medidas que hacen extremadamente atractivo el negocio de los agrocombustibles, incluyendo subsidios, exoneración de impuestos, presupuestos para la investigación, derechos a la tierra, permisos e infraestructura, y cuotas de mezcla de etanol y biodiesel en los combustibles para el transporte.
En vez de desarrollar una agricultura sostenible amigable con los seres humanos y destinada a alimentar a sus propios pueblos, apuestan a un modelo convencional de agricultura comercial utilizando monocultivos intensivos. Estos se plantan sobre tierras agrícolas existentes, y de esta forma empujan a las demás actividades agrícolas hacia otras partes del país o a nuevas fronteras agrícolas. Como consecuencia, en todos los países del estudio se constata el aumento de la deforestación generalizada y las amenazas a la biodiversidad. Otros problemas originados en la producción de agrocombustibles, que aparecen en todos los estudios de caso son la contaminación con plaguicidas y fertilizantes y graves carencias de abastecimiento de agua.
Las condiciones de trabajo en las plantaciones en general son muy malas, y se asemejan a una esclavitud moderna. En algunos casos se ha informado incluso la existencia de trabajo infantil. La afirmación de que los agrocombustibles producirán más empleo es muy discutible, ya que el sector tiene una tasa de empleo muy baja en comparación con otros cultivos agrícolas. Algunos estudios también informan que los combustibles están reemplazando a los cultivos de alimentos con el consiguiente aumento de los precios y desabastecimiento de alimentos para la población local.
A causa de la expansión de este tipo de agricultura, las comunidades rurales son desplazadas y se ven obligadas a abandonar el campo. Aumentan rápidamente los conflictos por la tierra en todos los países. La producción de agrocombustibles está en manos de un pequeño número de grandes productores y compañías. Los perdedores son los pobladores que no tienen tierra, las comunidades rurales que no encajan en el modelo de cultivo comercial y, casi siempre, los trabajadores de las plantaciones. Todo esto sucede en un contexto que carece de transparencia, es muy poco democrático, no incluye casi la planificación del uso de la tierra, tiene una gobernanza débil y en algunos casos involucra el uso de la violencia y la participación de grupos paramilitares.
Al mismo tiempo los grandes productores, las empresas de exportación, y los inversionistas aumentan sus ganancias con el crecimiento de las ventas de productos básicos, insumos agrícolas y a través de las ganancias financieras derivadas de la especulación inmobiliaria con las tierras. Si bien por ahora son principalmente las compañías y los empresarios nacionales los que se están beneficiando con esta expansión, distintas compañías europeas e internacionales como Cargill, Bunge, Dreyfus, Bayer, BASF, Syngenta, Botnia y Monsanto, ya están participando fuertemente. El rápido aumento de la producción para la exportación traerá más inversión extranjera y más agro-negocio multinacional a la escena. Inversionistas internacionales, como Soros y el ex presidente del Banco Mundial Wolfensohn y los bancos de desarrollo multilateral como el BID, ya están financiando la expansión.
También es posible atestiguar la existencia de fuertes vínculos entre el negocio de los agrocombustibles y los políticos, incluidos ex políticos que fundan sus propias compañías de soja, palma y caña de azúcar. Esto no sólo termina en la aprobación de políticas gubernamentales muy favorables a los agrocombustibles, que permiten y promueven la expansión, sino que además pone en evidencia muchos casos de conflicto de intereses (empresarios a cargo del desarrollo de políticas públicas), corrupción y una actitud omisa de los gobiernos ante las actividades ilegales de terratenientes y productores.
El informe permite concluir que no es probable que el desarrollo de los agrocombustibles beneficie a la población común de América Latina. La rápida expansión de estos cultivos aumentará los problemas sociales, ambientales y de derechos humanos que ya existen, pero permitirá que el agronegocio y los inversionistas nacionales, aunque crecientemente también internacionales, obtengan grandes ganancias.
* Informe enviado pelo Fórum Carajás
[EcoDebate, 15/09/2008]